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Ley de fraude fiscal

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Ley de fraude fiscal

La ley 7/2012 de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude es más conocida como la “La Ley del fraude fiscal”. Entró en vigor el 31 de octubre de 2012.

Esta ley incluye medidas tan conocidas como las limitaciones a los pagos en efectivo. Así, desde su entrada en vigor, no se pueden pagar en efectivo (se entiende por efectivo el papel moneda y moneda metálica nacionales o extranjeros; cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda; cualquier otro medio físico, incluso electrónico, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador) las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera. Es decir, afecta tanto a las operaciones entre empresarios como a las operaciones entre empresarios y particulares. Sólo quedan fuera de esta limitación los pagos entre particulares y los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito. Un ejemplo: si se va a adquirir un vehículo de segunda mano por importe de 5.000 € entre particulares, al no intervenir comercio, empresa ni autónomo, sí que se puede pagar en efectivo. Si la compra es en un concesionario ya no sería posible hacerlo.

Este límite es de 15.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional.

La limitación también afecta también a los pagos aplazados, es decir que si la factura supera los 2.500 €, no se pueden realizar varios pagos aplazados en efectivo para saldar la factura. Tampoco se podrá fraccionar el valor de un bien para que este quede repartido en varias partes que no superen los 2.500 €. Ejemplo: una persona decide comprarse una mesa por valor de 1.500 €, cuatro sillas por valor de 1.000, y una estantería de 1.500 €. Si todo se adquiere a la misma empresa se entenderá que el valor total de la compra es de 4.000 € y por lo tanto no se puede pagar en efectivo. Sí se puede pagar en efectivo si se compra en distintas empresas o en fechas diferentes.

El incumplimiento de este límite se considera infracción grave y puede suponer a multas del 25% del valor del pago hecho en efectivo.

La ley también recoge la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, incluyendo cuentas bancarias, bienes inmuebles, títulos, fondos...

De igual modo, esta ley introdujo una serie de nuevas infracciones tributarias. Así, no presentar autoliquidaciones, declaraciones o los documentos relacionados con las obligaciones aduaneras por medios informáticos y telemáticos en aquellos supuestos en que hubiera obligación de hacerlo por dichos medios, llevará aparejado sanciones en el supuesto de declaraciones informativa.

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