El Consejo de Ministros ha aprobado hoy varias iniciativas de calado: el recorte de 10.000 millones en Sanidad y Educación, la reforma en la elección del Consejo de RTVE, ha dado luz verde a la gestión privada en las televisiones autonómicas y ha abordado la crisis abierta tras la expropiación de YPF a Repsol por parte de Argentina.

En este último caso, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que el Ejecutivo seguirá adelante con acciones diplomáticas y hoy mismo está previsto que el ministro de Industria apruebe una orden ministerial del Biodiésel para frenar las importaciones de soja.

Además, según ha anunciado Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo ha aprobado "una importante medida de austeridad para las comunidades autónomas, que es la flexibilización en los modos de gestión de las televisiones autonómicas". Con esta reforma, "se amplía la libertad de elección y la capacidad de decisión para decidir cómo prestan el servicio público de televisión autonómica [si mediante una gestión privada o pública]", ha explicado Sáenz de Santamaría.

RTVE
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado un Decreto Ley por el que se reforma el sistema de renovación de RTVE y se permite que el presidente de la corporación pueda ser elegido por mayoría absoluta en caso de que no se alcance un consenso suficiente como para alcanzar la mayoría cualificada de dos tercios que exige la actual Ley de Radio y Televisión Pública, según ha avanzado la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Tras la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha señalado que el Ejecutivo ha decidido adoptar esta medida ante la situación de "bloqueo" en que se encuentra la renovación de la cúpula de RTVE, que "no tiene posibilidad de presentar ni aprobar sus cuentas anuales" y tiene "serias dificultades para cumplir con el programa de ajuste" impuesto por el Ministerio de Hacienda.

En este sentido, ha subrayado que el Gobierno entiende que es un momento para que RTVE haga un "esfuerzo de austeridad" y había que "proceder cuanto antes" para el "desbloqueo" del nombramiento del presidente, puesto que está vacante desde que Alberto Oliart dimitió en julio de 2006 y la renovación de la mitad del Consejo de Administración, que debería haberse efectuado en 2010.

El Gobierno ha aprobado durante el Consejo de Ministros las medidas anunciadas durante esta semana por la titular de Sanidad, Ana Mato, y el responsable de Educación, José Ignacio Wert, en ambas materias para adaptarse a los recortes de cada departamento contemplados en los Presupuestos Generales del Estado.

Sanidad
Así pues, ha dado luz verde a la norma que modificará el actual sistema de copago farmacéutico para incorporar por primera vez a los ciudadanos con pensiones contributivas, que hasta el momento no pagaban nada en las farmacias por sus medicinas con receta y ahora deberán abonar un 10%, con un límite de 8, 18 ó 60 euros al mes en función de su renta.

Esta medida forma del paquete de reformas acordado este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) por la ministra del ramo, Ana Mato, y las comunidades autónomas, con las que pretenden conseguir un ahorro total de más de 7.000 millones de euros que permita "garantizar la gratuidad de la sanidad".

En lo que respecta al nuevo sistema de aportación de los usuarios de farmacia, que podría estar listo en los próximos dos meses, se reduce el número de personas que no tienen que pagar por sus medicamentos con receta, algo de lo que ya sólo se beneficiarán los parados sin prestación y las personas con pensiones no contributivas o renta de reinserción.

Se establecen diferentes categorías "según la renta" para los trabajadores activos y para el resto de pensionistas, que a partir de ahora tendrán que pagar un porcentaje del precio de sus medicinas.

En concreto, los pensionistas pagarán un 10% del precio de sus medicamentos. No obstante, aquellos con rentas inferiores a los 22.000 euros no pagarán más de 8 euros al mes, un límite que para los pensionistas con rentas de más de 22.000 euros será de 18 euros mensuales, mientras que para quienes superen los 100.000 euros anuales el tope estará en los 60 euros mensuales. El resto de lo que paguen les será reembolsado posteriormente, aunque queda por definir cómo se hará.

En el caso de los trabajadores activos, se acaba con el 40% generalizado que se pagaba hasta ahora y se establecen diferentes porcentajes de copago en función de la renta. Así, aquellos trabajadores con rentas inferiores a 22.000 euros -no obligados a tributar en el IRPF- y miembros de familias numerosas seguirán pagando este mismo porcentaje (40%), mientras que en los que superen esta renta, la aportación será de un 50%.

Al igual que con las pensiones, también existe una categoría para rentas altas, iguales o superiores a los 100.000 euros anuales, que en este caso pasarán a pagar un 60%. Por último, los enfermos crónicos seguirán pagando un 10% como hasta ahora, así como los mutualistas de Muface, que continuarán pagando un 30% tanto como trabajadores activos como una vez que se jubilen.

Este paquete de medidas también incluye la adaptación de la normativa europea relativa a ciudadanos extranjeros en el SNS, con la que se pretende "acabar con el turismo sanitario en España" que ha causado un gasto de 917 millones de euros. Para evitarlo, se llevará a cabo una clarificación armonizada de la condición de asegurado, de modo que España pueda facturar de manera rápida y directa al país de origen del ciudadano que sea atendido en nuestro país, como ya sucede con los españoles que viajan al extranjero.

"Queremos evitar que haya ciudadanos extranjeros con solvencia económica que puedan, mediante lagunas administrativas o recurriendo a la picaresca, beneficiarse para acceder sin derecho y gratis a los servicios sanitarios de España", ha señalado Mato.

En este ámbito, si hasta ahora los extranjeros con estar empadronados lograban la tarjeta médica, "a partir ahora habrá que clarificar este concepto", ha anunciado la ministra de Sanidad, Ana Mato. Con esta medida, Mato calcula que se ahorrará 1.000 millones de euros en el gasto de los extranjeros europeos y otros 500 millones por la limitación "a los inmigrantes a los que traen a familias sin derecho a prestación de estos servicios".

Asimismo, la reforma acordada por Mato también incluye la adecuación de los envases de los medicamentos a la duración estimada del tratamiento, un nuevo sistema de actualización del Nomenclátor, así como un plan de impulso del uso de medicamentos genéricos y fármacos de menor precio, que está todavía por definir.

También incluirá la creación de una cartera de servicios que distinguirá entre prestaciones básicas, suplementarias y accesorias la compra conjunta de medicamentos y tecnologías mediante una plataforma centralizada de compras y la elaboración de un catálogo homogéneo de categorías profesionales, entre otras cuestiones.